Cuentas pendientes: 19N, Día de Lucha contra el abuso sexual infantil, el delito más impune El 19 de noviembre es el Dia Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, un delito todavía impune, atravesado por el silencio y la burocracia estatal. En Argentina faltan datos unificados sobre denuncias y procesos judiciales, hay lentitud en la aplicación de normativas para la protección de las infancias y en muchos ámbitos todavía es un tema tabú. A nivel local, el caso de los abusos en el Jardín N° 406 de Comodoro Rivadavia puso al desnudo la falta de dispositivos estatales para atender la cantidad de casos.
Se calcula que en Argentina, 11% de las mujeres de 18 a 49 años fueron víctimas de abuso durante su infancia o adolescencia. Actualmente 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en nuestro país, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020). Las víctimas femeninas representan casi 4 más veces que las masculinas. Se calcula, además, que 74% de los abusos se dieron en el ámbito intrafamiliar.
Distintas normativas como La Convención de los Derechos del Niño de 1989 y sus protocolos facultativos, la Ley 26061 de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Comité de los Derechos del Niño como el Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer) llaman a los Estados a trabajar en la erradicación de las violencias que padecen las infancias, pero todavía queda un largo camino por recorrer.
El trabajo de organizaciones sin fines de lucro, movimientos sociales y profesionales en la materia erigen un grito global contra una violencia que lucha por salir del silencio, en un escenario de infancias vulneradas y la necesidad de abordar una mirada no adultocéntrica cuando las infancias se expresan.
Contra la prescripción
Entre otras normativas, las leyes de imprescriptibilidad del abuso sexual fueron claves en la garantización de derechos de quienes denuncian este delito.
La llamada Ley Piazza (26.705) fue la primera en su categoría: fue impulsada por el diseñador Roberto Piazza -víctima de abuso sexual- y sancionada en 2011. La normativa daba un mayor margen a los adultos que quisieran denunciar abusos en su infancia para evitar la imprescriptibilidad del delito: la prescripción debía correr desde que el menor cumpliese la mayoría de edad y no desde la fecha en que ocurrieron los abusos.
Esta modificación descansaba sobre una premisa fundamental: las víctimas de abuso hablan cuando pueden, no cuando quieren.
La ex senadora de Entre Ríos, Sigrid Kunath, amplió esta normativa, llevando adelante la sanción de la Ley 26.206 de Respeto al Tiempo de las Víctimas, confeccionada en el marco de un esquema de reparación de derechos de las y los sobrevivientes de abuso: "Es imposible decir cuándo esos derechos resultan completamente reparados, pero al menos pretende dar un paso hacia adelante", dijo Kunath en una entrevista con El Extremo Sur.
Nota relacionada: Julieta Añazco, sobreviviente de abuso eclesiástico: "Mi primer recuerdo fue del cura abusando de mí".
Sin embargo, todavía hay entramados legales que obstaculizan la reparación: "Estas leyes no son retroactivas, a las personas que fueron víctimas de abuso antes de su sanción no se les permite denunciar", expresaba Julieta Añazco -sobreviviente de abuso eclesiástico y activista- en diálogo con este medio: "Hay un vacío legal y los operadores judiciales no aplican esta Ley. Y así siguen beneficiando a los abusadores".
La Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas empezó a ser trabajada por Kunath en el 2013, a raíz de la causa contra el sacerdote Justo José Illarraz, quien estaba siendo investigado por delitos contra la integridad sexual de varias menores de edad. Para la Senadora, la manera en que la Justicia desoyó sus relatos apelando a la vieja excusa de la prescripción, ameritaba una revisión de los tiempos legales.
"En estas instancias las víctimas, con enorme valentía, se animaron a expresarse e iniciar este camino de reparación y justicia. Los delitos habían sido cometidos en 1988 y 1992, por lo que la Defensa planteaba constantemente que la causa estaba prescripta por el transcurso del tiempo. Claramente me llamó mucho la atención, porque nadie negaba lo que había pasado, sino que el planteo constante era la prescripción de las causas", explica.
"Lo que nosotros logramos con nuestra Ley es que la prescripción comience a computarse a partir de la denuncia, sin importar la edad. De esta manera, la prescripción estará suspendida hasta que la víctima pueda hacer la denunciar", agrega.
La ofensiva de los anti-derechos
Quienes protegen los derechos de las infancias sufren, a menudo, fuertes reacciones por parte de ámbitos conservadores de la sociedad. A esto se le denomina "backlash", y ha sido denunciado sistemáticamente por colectivos de psicólogos que se dedican al cumplimiento de los derechos de la infancia. Va desde críticas y amenazas hasta denuncias, por lo general encabezadas por progenitores acusados de abuso intrafamiliar. En Argentina, esa ofensiva comenzó a tomar forma a mediados de los 90'.
Es lo que sufrió el psiquiatra Enrique Stola cuando acompañó a las víctimas del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso y corrupción de menores. Stola fue un testigo fundamental en las denuncias colectivas de una "mafia" mundial capaz de tapar los delitos de sus miembros.
"No hay mejor defensor de las estructuras machistas que la Iglesia y mantiene su íntima relación desde la creación del Estado-Nación con el poder más conservador de la sociedad; que es el Poder Judicial. Alrededor de esa estructura se mueve mucha mafia. Cuando hay que denunciar y llevar adelante un juicio -no de un cura cualquiera de estos que ellos cada tanto entregan- sino de uno muy importante que sabe cómo es la cama de los obispos y clérigos, se activan redes mafiosas", comentaba en entrevista con este medio.
Nota relacioanda: Stola: "La sociedad prepara a los próximos femicidas; hay un ataque fuertísimo contra derechos de mujeres, trans y disidencias"
"Tienen relación con los intereses políticos y económicos de esta estructura tan terrible que es la iglesia y la monarquía absolutista que es el Estado Vaticano. Después de la experiencia que tuve y otras que he observado, la recomendación que puedo darles a los profesionales que apoyan a víctimas cuyos agresores sean curas con poder, es que se cuiden, porque se están metiendo con una mafia importante", advertía.
La psicóloga forense y asesora ad honorem de la Defensoría de Niñez y Adolescencia de Santiago del Estero, Daniela Lezcano, es una figura reconocida en la defensa de los derechos de las infancias. Denunció ataques y contraofensivas en medios de comunicación en numerosas ocasiones: "Frente a todos los avances de los Derechos Humanos y, sobre todo, de los más vulnerables de la Historia que son las mujeres y los niños, siempre viene una contraofensiva de lo que hoy definimos como Patriarcado o de moral colonial, o como el status quo -que siempre oprime a los mismos- espera que sea".
Indica que estas acciones son orquestadas "por una corporación -a veces decimos pedófila- porque son los propios abusadores junto a sus abogados y peritos totalmente inescrupulosos que pueden desdibujar informes, e incluso con un Poder Judicial muchas veces cómplice, hasta instrumentar este tipo de persecución cuando quieren acallar abusos sobre todo ligados al poder".
"A todos nosotros no vienen persiguiendo desde hace muchos años, pero desde hace diez a esta parte sistemáticamente realizando este backlash, un contragolpe con golpes reales", señala, y detalla que: "Algunas de nosotras hemos sido amenazadas y también nuestras familias, o, en mi caso, fui perseguida por Interpol, me inventaron una causa y llegué a juicio, y a otras colegas les han descuartizado las mascotas, les han puesto pasacalles, allanamientos de consultorios, aprietes. Son ataques mafiosos que buscan acallarnos a las que no somos funcionales porque estamos convencidas que es el peor delito y el más impune".
Según un informe elaborado por la Asociación Salud Activa, 6 de cada 10 profesionales de la materia sufrieron Backlash. El 90% identifica a grupos anti-derechos detrás de los ataques. El objetivo principal de estas prácticas es "invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege".
"Somos la voz de los niños", dice Lezcano, quien además integra el colectivo de Profesionales en Lucha contra el Backlash. Han llevado adelante manifestaciones públicas y comunicados para desnudar las estrategias judiciales y políticas contra la protección de las infancias.
¿Y qué pasa después?: secuelas del abuso sexual y la revictimización
La burocracia judicial hace que los niños, niñas y adolescentes sufran un profundo proceso de revictimización, sumado a las secuelas físico-emocionales que deja el abuso. Si no son escuchados, peligra su autonomía y la posibilidad de iniciar un proceso de reparación.
"Hay niños y niñas que atraviesan estos procesos judiciales en algunos juzgados donde más o menos se los cuida y declaran una o dos veces. Sin embargo, en otros -cuando hay intereses ideológicos, políticos y económicos fuertes- llegan a declarar una increíble cantidad de veces. Tienen que presentarse 10, 15 veces en instituciones judiciales. Esos niños crecen con una profunda decepción y rechazo al sistema judicial, siendo muy conscientes de que la justicia no existe", analiza Stola.
Cree que al llegar a su adultez "pueden darse cuenta de que es cierto que la justicia no existe, pero que es posible dentro de esa institución lograr actos justos. Eso se logra con una buena estrategia judicial y una buena evaluación política de cómo se mueven los mecanismos de poder, la lucha que hay que dar en relación a eso".
Sostiene que cada vez que se logra un acto justo "el sistema judicial se debilita para el fin con que fue creado, y se fortalece una visión de justicia diferente, que es la reforma que proponen los feminismos".
Las formas de expresión de los niños y niñas que sufrieron abuso no siempre es lineal: el secretismo alrededor de la vulneración, la amenaza de lo que le va a pasar si habla, el mismo tabú en torno a los delitos sexuales, afecta directamente su capacidad de expresarse.
"Existe una importante confusión en la víctima", añade Kunath, "quien experimenta sentimientos de culpa, de auto recriminación, terror, ira y afecto; los delitos sexuales son perpetrados utilizando violencia física, psíquica y psicológica".
"Las normas relativas a la prescripción de la acción penal no siempre han tenido en cuenta el proceso psicológico madurativo para llegar a formalizar una denuncia en los casos de abusos sexuales, y es perfectamente posible que una persona se descubra como víctima muchos años después de lo sucedido (...) lo que puede no corresponderse con la mayoría de edad ni con los plazos abstractos fijados en el Código Penal", precisa Kunath.
Añazco subraya el peso categórico de la culpa: "Tenemos la culpa insertada por el sistema católico. La culpa, la vergüenza es tan grande que no te permite hacer nada, sólo sobrevivir".
Stola, por su parte, reivindica la urgencia de políticas públicas: "Necesitamos facilitar el acceso a la llamada justicia para niños y niñas, mejorar los órganos de control y de protección, necesitamos profundizar la capacitación. Debemos lograr que la Educación Sexual Integral realmente se efectivice en todo el país. Pensemos que la corte aún no ha hecho su formación en perspectiva de género. Estamos mal: hoy no puedo dar un mensaje esperanzador".
Los movimientos sociales y las últimas normativas judiciales trabajan en un camino de respeto por la autonomía y protección de las infancias: "Los abusadores juegan con la prescripción de la causa" ,dice Añazco. "Hoy se sabe lo que está pasando, cada vez que podemos lo decimos".
Y concluye: "Tenemos que escuchar a los niños, creerles cuando dicen que algo está mal. Pedimos justicia para las víctimas. Sabemos que los niños no mienten. Los abusadores sí".
El 19 de noviembre es el Dia Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, un delito todavía impune, atravesado por el silencio y la burocracia estatal. En Argentina faltan datos unificados sobre denuncias y procesos judiciales, hay lentitud en la aplicación de normativas para la protección de las infancias y en muchos ámbitos todavía es un tema tabú. A nivel local, el caso de los abusos en el Jardín N° 406 de Comodoro Rivadavia puso al desnudo la falta de dispositivos estatales para atender la cantidad de casos.
Se calcula que en Argentina, 11% de las mujeres de 18 a 49 años fueron víctimas de abuso durante su infancia o adolescencia. Actualmente 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en nuestro país, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020). Las víctimas femeninas representan casi 4 más veces que las masculinas. Se calcula, además, que 74% de los abusos se dieron en el ámbito intrafamiliar.
Distintas normativas como La Convención de los Derechos del Niño de 1989 y sus protocolos facultativos, la Ley 26061 de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Comité de los Derechos del Niño como el Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer) llaman a los Estados a trabajar en la erradicación de las violencias que padecen las infancias, pero todavía queda un largo camino por recorrer.
El trabajo de organizaciones sin fines de lucro, movimientos sociales y profesionales en la materia erigen un grito global contra una violencia que lucha por salir del silencio, en un escenario de infancias vulneradas y la necesidad de abordar una mirada no adultocéntrica cuando las infancias se expresan.
Contra la prescripción
Entre otras normativas, las leyes de imprescriptibilidad del abuso sexual fueron claves en la garantización de derechos de quienes denuncian este delito.
La llamada Ley Piazza (26.705) fue la primera en su categoría: fue impulsada por el diseñador Roberto Piazza -víctima de abuso sexual- y sancionada en 2011. La normativa daba un mayor margen a los adultos que quisieran denunciar abusos en su infancia para evitar la imprescriptibilidad del delito: la prescripción debía correr desde que el menor cumpliese la mayoría de edad y no desde la fecha en que ocurrieron los abusos.
Esta modificación descansaba sobre una premisa fundamental: las víctimas de abuso hablan cuando pueden, no cuando quieren.
La ex senadora de Entre Ríos, Sigrid Kunath, amplió esta normativa, llevando adelante la sanción de la Ley 26.206 de Respeto al Tiempo de las Víctimas, confeccionada en el marco de un esquema de reparación de derechos de las y los sobrevivientes de abuso: "Es imposible decir cuándo esos derechos resultan completamente reparados, pero al menos pretende dar un paso hacia adelante", dijo Kunath en una entrevista con El Extremo Sur.
Nota relacionada: Julieta Añazco, sobreviviente de abuso eclesiástico: "Mi primer recuerdo fue del cura abusando de mí".
Sin embargo, todavía hay entramados legales que obstaculizan la reparación: "Estas leyes no son retroactivas, a las personas que fueron víctimas de abuso antes de su sanción no se les permite denunciar", expresaba Julieta Añazco -sobreviviente de abuso eclesiástico y activista- en diálogo con este medio: "Hay un vacío legal y los operadores judiciales no aplican esta Ley. Y así siguen beneficiando a los abusadores".
La Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas empezó a ser trabajada por Kunath en el 2013, a raíz de la causa contra el sacerdote Justo José Illarraz, quien estaba siendo investigado por delitos contra la integridad sexual de varias menores de edad. Para la Senadora, la manera en que la Justicia desoyó sus relatos apelando a la vieja excusa de la prescripción, ameritaba una revisión de los tiempos legales.
"En estas instancias las víctimas, con enorme valentía, se animaron a expresarse e iniciar este camino de reparación y justicia. Los delitos habían sido cometidos en 1988 y 1992, por lo que la Defensa planteaba constantemente que la causa estaba prescripta por el transcurso del tiempo. Claramente me llamó mucho la atención, porque nadie negaba lo que había pasado, sino que el planteo constante era la prescripción de las causas", explica.
"Lo que nosotros logramos con nuestra Ley es que la prescripción comience a computarse a partir de la denuncia, sin importar la edad. De esta manera, la prescripción estará suspendida hasta que la víctima pueda hacer la denunciar", agrega.
La ofensiva de los anti-derechos
Quienes protegen los derechos de las infancias sufren, a menudo, fuertes reacciones por parte de ámbitos conservadores de la sociedad. A esto se le denomina "backlash", y ha sido denunciado sistemáticamente por colectivos de psicólogos que se dedican al cumplimiento de los derechos de la infancia. Va desde críticas y amenazas hasta denuncias, por lo general encabezadas por progenitores acusados de abuso intrafamiliar. En Argentina, esa ofensiva comenzó a tomar forma a mediados de los 90'.
Es lo que sufrió el psiquiatra Enrique Stola cuando acompañó a las víctimas del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso y corrupción de menores. Stola fue un testigo fundamental en las denuncias colectivas de una "mafia" mundial capaz de tapar los delitos de sus miembros.
"No hay mejor defensor de las estructuras machistas que la Iglesia y mantiene su íntima relación desde la creación del Estado-Nación con el poder más conservador de la sociedad; que es el Poder Judicial. Alrededor de esa estructura se mueve mucha mafia. Cuando hay que denunciar y llevar adelante un juicio -no de un cura cualquiera de estos que ellos cada tanto entregan- sino de uno muy importante que sabe cómo es la cama de los obispos y clérigos, se activan redes mafiosas", comentaba en entrevista con este medio.
Nota relacioanda: Stola: "La sociedad prepara a los próximos femicidas; hay un ataque fuertísimo contra derechos de mujeres, trans y disidencias"
"Tienen relación con los intereses políticos y económicos de esta estructura tan terrible que es la iglesia y la monarquía absolutista que es el Estado Vaticano. Después de la experiencia que tuve y otras que he observado, la recomendación que puedo darles a los profesionales que apoyan a víctimas cuyos agresores sean curas con poder, es que se cuiden, porque se están metiendo con una mafia importante", advertía.
La psicóloga forense y asesora ad honorem de la Defensoría de Niñez y Adolescencia de Santiago del Estero, Daniela Lezcano, es una figura reconocida en la defensa de los derechos de las infancias. Denunció ataques y contraofensivas en medios de comunicación en numerosas ocasiones: "Frente a todos los avances de los Derechos Humanos y, sobre todo, de los más vulnerables de la Historia que son las mujeres y los niños, siempre viene una contraofensiva de lo que hoy definimos como Patriarcado o de moral colonial, o como el status quo -que siempre oprime a los mismos- espera que sea".
Indica que estas acciones son orquestadas "por una corporación -a veces decimos pedófila- porque son los propios abusadores junto a sus abogados y peritos totalmente inescrupulosos que pueden desdibujar informes, e incluso con un Poder Judicial muchas veces cómplice, hasta instrumentar este tipo de persecución cuando quieren acallar abusos sobre todo ligados al poder".
"A todos nosotros no vienen persiguiendo desde hace muchos años, pero desde hace diez a esta parte sistemáticamente realizando este backlash, un contragolpe con golpes reales", señala, y detalla que: "Algunas de nosotras hemos sido amenazadas y también nuestras familias, o, en mi caso, fui perseguida por Interpol, me inventaron una causa y llegué a juicio, y a otras colegas les han descuartizado las mascotas, les han puesto pasacalles, allanamientos de consultorios, aprietes. Son ataques mafiosos que buscan acallarnos a las que no somos funcionales porque estamos convencidas que es el peor delito y el más impune".
Según un informe elaborado por la Asociación Salud Activa, 6 de cada 10 profesionales de la materia sufrieron Backlash. El 90% identifica a grupos anti-derechos detrás de los ataques. El objetivo principal de estas prácticas es "invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege".
"Somos la voz de los niños", dice Lezcano, quien además integra el colectivo de Profesionales en Lucha contra el Backlash. Han llevado adelante manifestaciones públicas y comunicados para desnudar las estrategias judiciales y políticas contra la protección de las infancias.
¿Y qué pasa después?: secuelas del abuso sexual y la revictimización
La burocracia judicial hace que los niños, niñas y adolescentes sufran un profundo proceso de revictimización, sumado a las secuelas físico-emocionales que deja el abuso. Si no son escuchados, peligra su autonomía y la posibilidad de iniciar un proceso de reparación.
"Hay niños y niñas que atraviesan estos procesos judiciales en algunos juzgados donde más o menos se los cuida y declaran una o dos veces. Sin embargo, en otros -cuando hay intereses ideológicos, políticos y económicos fuertes- llegan a declarar una increíble cantidad de veces. Tienen que presentarse 10, 15 veces en instituciones judiciales. Esos niños crecen con una profunda decepción y rechazo al sistema judicial, siendo muy conscientes de que la justicia no existe", analiza Stola.
Cree que al llegar a su adultez "pueden darse cuenta de que es cierto que la justicia no existe, pero que es posible dentro de esa institución lograr actos justos. Eso se logra con una buena estrategia judicial y una buena evaluación política de cómo se mueven los mecanismos de poder, la lucha que hay que dar en relación a eso".
Sostiene que cada vez que se logra un acto justo "el sistema judicial se debilita para el fin con que fue creado, y se fortalece una visión de justicia diferente, que es la reforma que proponen los feminismos".
Las formas de expresión de los niños y niñas que sufrieron abuso no siempre es lineal: el secretismo alrededor de la vulneración, la amenaza de lo que le va a pasar si habla, el mismo tabú en torno a los delitos sexuales, afecta directamente su capacidad de expresarse.
"Existe una importante confusión en la víctima", añade Kunath, "quien experimenta sentimientos de culpa, de auto recriminación, terror, ira y afecto; los delitos sexuales son perpetrados utilizando violencia física, psíquica y psicológica".
"Las normas relativas a la prescripción de la acción penal no siempre han tenido en cuenta el proceso psicológico madurativo para llegar a formalizar una denuncia en los casos de abusos sexuales, y es perfectamente posible que una persona se descubra como víctima muchos años después de lo sucedido (...) lo que puede no corresponderse con la mayoría de edad ni con los plazos abstractos fijados en el Código Penal", precisa Kunath.
Añazco subraya el peso categórico de la culpa: "Tenemos la culpa insertada por el sistema católico. La culpa, la vergüenza es tan grande que no te permite hacer nada, sólo sobrevivir".
Stola, por su parte, reivindica la urgencia de políticas públicas: "Necesitamos facilitar el acceso a la llamada justicia para niños y niñas, mejorar los órganos de control y de protección, necesitamos profundizar la capacitación. Debemos lograr que la Educación Sexual Integral realmente se efectivice en todo el país. Pensemos que la corte aún no ha hecho su formación en perspectiva de género. Estamos mal: hoy no puedo dar un mensaje esperanzador".
Los movimientos sociales y las últimas normativas judiciales trabajan en un camino de respeto por la autonomía y protección de las infancias: "Los abusadores juegan con la prescripción de la causa" ,dice Añazco. "Hoy se sabe lo que está pasando, cada vez que podemos lo decimos".
Y concluye: "Tenemos que escuchar a los niños, creerles cuando dicen que algo está mal. Pedimos justicia para las víctimas. Sabemos que los niños no mienten. Los abusadores sí".
